Por: Miguel Morales Gutierrez
Observar el comportamiento del salario de un país da indicaciones de cómo actúa su economía en relación a la sociedad. Dentro del mundo laboral hay que tener en claro dos entornos, el público y el privado, y que comparten dos realidades, la del mercado formal e informal. Es verdad que dentro del mercado informal, la obtención de datos concretos es una tarea imposible y de conseguirse no sería justificada, pero la realidad que podemos estudiar es la que se registra en datos como en el INE (Instituto Nacional de Estadística Bolivia).
A pesar que el mercado informal es un gigante frente al formal, hoy hablaremos acerca de este pequeño mercado y, sobre todo, de la parte privada, puesto que cualquier doble aguinaldo, modificación del porcentaje de prestaciones sociales, impuestos a las empresas, o el cambio del salario mínimo, parecen ser el cuento de terror de las empresas privadas en Bolivia.
El primer factor del tema de debate es el ajuste de los salarios, sobre todo, en base al salario mínimo, a pesar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sugiere realizar este ajuste acorde a la inflación para que los hogares no pierdan poder de compra con su sustento. Esta práctica no es muy común que se diga, sobre todo, en un país donde las políticas económicas parecen estar dirigidas únicamente al sector público o empresas nacionales y donde el sector privado está prácticamente olvidado.
Dentro de una economía saludable, el ajuste debería realizarse cada seis meses, o de ser muy conservadores, cada dos años, pero en Bolivia se realiza cada vez que vemos conveniente o cuando se acerca algún evento político importante como ser las elecciones nacionales. Este ajuste debería no solo tomar en cuenta el comportamiento de la inflación, sino también, el comportamiento de la economía, la cantidad de empleados del mercado formal, el consumo de la canasta básica del hogar, el volumen de tamaño de las empresas, sectores a los cuales pertenecen y locación de las actividades, entre otros. Pero, la parte más importante es la cantidad de impuestos que se van a deducir de este ingreso, que muchas veces es contrarrestado por las facturas presentadas, u otros medios.
A pesar de que el Estado no percibe un gran aporte del sector de empleados privados, si que saca el jugo a las empresas mediante impuestos a las ganancias del capital, siendo el más fuerte con 25% del importe, intereses, royalties y dividendos, todos con un 12,5% y, dependiendo el sector, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que es otro banco de recaudaciones para Bolivia.
Y es aquí donde nace el debate, si analizamos estos puntos, la empresas, sobre todo privadas, son las que “pagan la parte dura” de estar en el negocio, esto conjuntamente de haber tenido pérdidas económicas durante la pandemia, donde un 20% de estas no tuvieron paro completo, las demás cesaron su trabajo, cambiaron a trabajo en casa, despidos masivos, e incluso muchas de ellas entraron en quiebra. Añadiendo que el comportamiento de la inflación tampoco da una buena cara para impulsar una idea, ya que puede que suene bien al inicio, pero en la aplicación se vuelve compleja, puesto que por más que la inflación tenga fluctuación —sea crecientes o decrecientes— el cambio del salario queda prácticamente en una constante. Para poder comparar estos datos, los salarios se expresaron en logaritmo para ser comparables con las tasas de inflación:
Fuente: INE, 2022.
Entonces es ahí donde el Estado y el sector privado deberían sentarse a estudiar realmente la propuesta de las organizaciones acerca del ajuste del salario, puesto que si se quiere motivar una idea que ayudaría a la sociedad —sobre todo al contrato de personas al mercado laboral formal y que los hogares puedan mejorar su consumo— no solo se debe plantear alzar los costos salariales, sino que, se deberían implementar políticas como subsidios o ajustar los impuestos, para que las empresas puedan no solo volver a reactivarse, sino, dar una mejor oferta de salarios.
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