Alza del Salario Mínimo: Una decisión del Estado y trabajadores, sin empleadores

Por: Juan Reynaldo Salinas Goytia

Tras una pausa de escribir para la Llama Financiera, reanudo mis publicaciones para el 2021, haciendo un breve análisis sobre la forma de adopción del salario mínimo, factor que es sensible para cada 1 de mayo, día internacional de los trabajadores.

En el corto tiempo que me tocó ejercer de Asesor Legal de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, pude asimilar con mayor realidad y empatía, el “viacrucis” que pasan los emprendedores y los empresarios con trayectoria, en ser los directos afectados con varias imposiciones por parte del Estado.

En este caso, cada 1 de mayo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y sus asociados, salen a la prensa denunciando, que no es una decisión concertada entre las partes el alza del salario mínimo.

A mi criterio, su pedido del empresariado es completamente legítimo, ya que responde al sentido común de ser los principales generadores de las fuentes de trabajo. Además, les ampara la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo especializado de Naciones Unidas; específicamente con el Convenio 131, referente a la fijación de salarios mínimos. El mismo, exhorta en su Artículo 4, a todo Estado miembro de la OIT que lo haya ratificado, en establecer mecanismos para fijar los salarios mínimos, haciendo consultas exhaustivas con los representantes de las organizaciones que representan a los empleadores y trabajadores, en pie de igualdad.

Pero, la obligatoriedad de cumplir el Convenio, no termina ahí. Nuestro país, ha ratificado dicho Convenio, y lo ascendió a rango de Ley N° 2120 del 11 de septiembre del 2000. Es decir, a la luz de la Constitución de 2009, forma parte del Bloque de Constitucionalidad, lo cual hace que sea de obligatorio cumplimiento.

No nos debe alarmar o alertar, que durante más de 15 años, nuestro país no cumpla sus leyes. En este caso, es de conocimiento público que quienes ingresaron a Palacio Quemado o a la Casa Grande del Pueblo para negociar el salario mínimo, fueron la Central Obrera Boliviana (COB) y otros movimientos sociales, menos los representantes de la CEPB. No es novedad verlo, hace unos días, el máximo dirigente de la COB, que salió ante los medios a confirmar el alza del 2% al salario mínimo, haciendo saber que no se cumplió con su pliego petitorio del aumento al 5%.

La decisión fue adoptada a puerta cerrada, con el Presidente del Estado y el Titular del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, quienes son conscientes de la inflación, desempleo y otros factores fundamentales, que fueron gravemente afectados con la crisis sanitarias del COVID-19.

Considero, que el diálogo entre las partes es fundamental en tiempos de crisis, para una verdadera reactivación económica de nuestra Bolivia.

*El autor es Abogado con Mención Académica en Derecho Internacional.

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