Contrabando: El lado tóxico de Bolivia

Por: María Laura Torrico Ramos

Contrabando, algo común en el diario vivir del boliviano. Esta práctica de la economía informal es una de las grandes amenazas que tiene la industria en el país, ya que no solo está el hecho de que este tipo de comercio no hace frente a las obligaciones tributarias como el resto de las empresas, ni obligaciones con la aduana fronteriza, tampoco cumple con las obligaciones laborales para con los empleados, en términos de salarios, seguro social, etc.

Sino, que al utilizar la ventaja del tipo de cambio fijo que el país mantiene hace casi una década, es que estos comerciantes logran comprar los bienes del extranjero a precios relativamente estables con relaciones a los países colindantes y las fluctuaciones en forma de depreciaciones que sufrían sus monedas, es decir, durante aproximadamente los últimos 10 años, el contrabando ha podido hacer disfrute de una paridad de poder adquisitiva «mayor» a la de otros países, ya que necesitaban la misma cantidad de moneda local por cada unidad de dólar, aunque el precio en el exterior cambiase, esta terminaba siendo una ventaja para el contrabandista boliviano.

Ahora bien, parecería ser que el único beneficiado además del contrabandista, es el consumidor, ya que en este sentido podría hacer la compra de un bien a menor precio menor con respecto al mismo bien producido por una empresa nacional, o por el bien importado de manera legal, con este «pushing» de precio hacia la baja en el mercado es que el consumidor prefiere adquirir el mismo bien de un menor precio, dejando de lado a la industria nacional o a las importaciones legales, en este sentido, se aniquila la industria dado que se les arrebató el mercado a costa de esta práctica ilegal.

A este hecho se le suma la poca competitividad de la industria que no es capaz de hacer frente a los precios del contrabando, que, por consecuente en repetidas ocasiones, terminan abandonando el mercado en su totalidad, dejándolo a manos de los contrabandistas; siendo que esta debilidad sólo se perpetúa en la economía nacional como un parásito del sistema, dado a la relevancia de este es que la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba realizó un estudio, el cual arrojaba hallazgos descritos a continuación.

En primer lugar se estima que «el contrabando» representa en promedio el 7.3% del PIB global de Bolivia y el 71.25% del PIB de manufacturas (subcomponente del PIB global que se explica o proviene del contrabando en contraste con el que proviene del sector formal de manufactura), así como la pérdida de aproximadamente 400.000 de empleos a nivel nacional, siendo el sector de productos alimenticios uno de los más afectados, representando un valor de 400 millones de dólares como pérdida anual por la internación de productos provenientes del contrabando. Por ejemplo, se estima que aproximadamente el 25% de la leche consumida en territorio nacional proviene del contrabando, lo cual afectaría a 7000 familias en Cochabamba, que dependen de esta producción.

De esta manera, se replica en sector de textiles, ya que, dado al contrabando, dicho estudio señala que entre el 2014 y el 2018, aproximadamente 65.000 fábricas del sector se cerraron, debido a las grandes pérdidas anuales del contrabando, estimadas en más de 80 millones de dólares. De la misma manera, el mercado informal de televisores, celulares y tecnología reporta un valor de 576 millones de dólares, los cuales no hacen frente a la obligación impositiva.

Otro sector afectado es el de bebidas alcohólicas, ya que este representa una pérdida de aproximadamente 118 millones de dólares en impuestos. Cabe recalcar que la empresa Cervecería Boliviana Nacional (CBN) es el mayor contribuidor tributario para el estado, es decir, se experimenta una pérdida increíblemente grande, en el sector que podría ser considerado uno de los más influyentes en la economía boliviana.

Según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), otro sector afectado sería el de la industria de medicamentos siendo que la cifra de pérdida oscila en 30 millones de dólares, siendo que en total las pérdidas generadas anualmente por el contrabando en Bolivia llegarían a una suma aproximada de 2300 millones de dólares.

Y estas prácticas se ven a diario en espacios que son una característica boliviana que no se ve normalmente en el extranjero, en territorio nacional se trata de un «mercado sumergido» que se lo puede encontrar en plena luz del día, en espacios como «La Cancha» o el «Mercado 10 de Febrero» en Cochabamba, «Las Siete Calles» o «La Feria Cumavi» en Santa Cruz, el «Mercado de la 16 de Julio» en La Paz, entre muchos otros, sin contar en las ciudades fronterizas donde esto está interiorizado como una práctica normal y común.

Sin embargo, en orden de mitigar este «mal» para la economía de un país y la sociedad misma, es necesario no solo que las autoridades pertinentes realicen su trabajo con respecto a este sector de contrabando, que en el caso de Bolivia, llegaría a ser un sostén del sistema económico; es un proceso complejo que contempla a muchos actores, no solo los empresarios, no solo el ente regulador de la política tributaria, de la política de comercio exterior, sino también, el consumidor, es decir, es un problema que nos compete a TODOS resolver.

Analizar las debilidades del proceso productivo desde políticas laborales, de constitución de empresas, de producción de materia prima en los casos pertinentes, de políticas arancelarias con respecto a importaciones, tecnología, tributación, etc.

En orden que se de un proceso paralelo, es decir, si se desea la «desmantelación» del sector de contrabando se tiene que realizar bajo un «Plan B» para con la población que se verá afectada, es decir las miles de familias que dependen de esa fuente de empleo. En pocas palabras, a medida que se facilite, mejore y aumente la eficiencia de la industria en los sectores de interés, se incremente la competitividad de los sectores que lo ameriten y se de paso a la importación legal de bienes seleccionados, no solo se va a restituir un «bienestar perdido» para el consumidor, sino también, se incrementaría el bienestar para el productor y los empleos que constituyen el sector productivo.

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