El aguinaldo no es lo mejor que nos podría pasar, pero no están listos para esa conversación

Por: Pablo Garcia Quint - Columnista

Entre demandas por el pago del aguinaldo y entre empresas que están luchando para sobrevivir estos tiempos difíciles, parece que la economía resulta ser la perjudicada. Las soluciones más repetidas en nuestro medio hacen alusión sólo al gasto y a la inyección monetaria, sin proponer otra forma de conllevar el problema. Lo que sí debemos recordar es que el problema no se encuentra por el lado de la liquidez o el del gasto, sino en el de la producción y de las normativas legales.

Ante el descontento social que causaría la postergación del pago del aguinaldo en Bolivia, el sector empresarial se ve obligado a cumplir tal exigencia. Sin embargo, ante la situación delicada que se vive hoy en día, tal aguinaldo debería ser completamente descartado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) dio a conocer que para el segundo trimestre Bolivia se encontraba con una variación acumulada del PIB de un -11.11%. Sin producción no se generan empleos y el pago de salarios se vuelve mucho más difícil. El deterioro en la producción data hace ya un año, tomando en cuenta los conflictos de Octubre del año pasado. Ante un aguinaldo como obligación, se empiezan a proponer medidas que pueden ser más dañinas que beneficiosas. En una nota de la revista Los Tiempos, el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez sugirió “…intentar una línea de crédito, no un bono, para financiar el pago del aguinaldo,” y además, “… el crédito para el pago de aguinaldos debe ser ágil y con una tasa de interés concesional o cero, considerando que son recursos recuperables, a diferencia de los bonos de ayuda social.” Las repercusiones de tal política sobre el mercado de dinero serían desastrosas. Una expansión crediticia con crédito cero implica inyección monetaria que se traduce en inflación, y eventualmente se traslada a una disminución de las tasas de interés reales que repercuten en las iniciativas empresariales mostrando proyectos que no son rentables, atractivos por este abaratamiento en los préstamos. Además, ante un mayor poder adquisitivo causado por el aguinaldo, si la producción es muy baja en el país, los bienes importados serán deseables, generando un déficit más pronunciado en la balanza de pagos.

Otra solución escuchada en nuestro medio, lleva a pensar que dicho aguinaldo tiene que estar dirigido a la compra de bienes nacionales, así como el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, planteó. Esto, sin embargo, no implica un cambio en las expectativas de los consumidores ni un aumento en la competitividad de nuestros productos, sino a una demanda forzada que eventualmente volverá a ser casi nula cuando ya no se tengan que comprar estos bienes. Si esto te hace pensar sobre la dificultad que implica el pago del aguinaldo, estamos entre los marcianos inadaptados que proponen disparates. Pero el problema deja de ser económico cuando este pago es una obligación, penada por la ley si no se la cumple, para el empleador, lo que nos obliga a ver el origen de tal norma.

Si bien el aguinaldo es un derecho adquirido del trabajador reconocido por la normativa de la ley general del trabajo, esta disposición se promulgó el 8 de Diciembre de 1944. La antigüedad de la ley muestra lo anticuada que es también. En un intento de darle más reconocimiento al empleado por el trabajo que produce, un aguinaldo sería suficiente incentivo para mantener su productividad, al menos esto es lo que pensaría Gualberto Villarroel en aquella época. Pero del otro lado de la moneda, está el desincentivo que tiene el empleador si debe pagar este beneficio a cada uno de sus empleados. No es trivial que más del 60% de los negocios en el país sean informales, siendo esta una de las razones que contribuyen a la informalidad, mientras que los negocios formales, ante situaciones como las que se viven hoy en día se encuentran en una encrucijada. Se debe resaltar, de acuerdo a Fundempresa, que de las 327,803 empresas formales que existían en el país para 2019, solo quedan 65,535 ¡Eso es 262,268 empresas cerradas! El 80% de las empresas a nivel nacional no pueden mantener su producción y menos el pago de un aguinaldo que data hace más de 70 años.

Debemos recordar que la importancia del trabajador no radica en el “valor” que le pueda dar a la producción, este lo asigna el consumidor dependiendo de sus necesidades, urgencias y gustos subjetivos, sino en la medida que es útil para el empresario. No me refiero a la utilidad material que implicaría “convertir en un objeto” a la persona, más bien la utilidad que brinda en la medida que sigue colaborando para producir bienes y servicios que ayudan a otras personas. Es importante también recordar que las ideas o iniciativas empresariales no serían de ninguna relevancia a no ser que ofrecieran un servicio útil para el público. Como el economista Israel Kirzner explicó, la inversión empresarial no implica una ganancia automática ni garantizada. El fruto de un descubrimiento empresarial implica la justa posesión de la ganancia de dicho descubrimiento. Sin idea empresarial no habría trabajo que ofrecer. Ante la duda sobre la importancia entre el trabajador y el empresario, la relevancia del último llega a ser más significativa que la del primero.

Para los pensadores críticos, esto va mucho más allá de un llamado de atención a las políticas económicas aplicadas por el oficialismo o la oposición. Los fundamentos académicos con los que se forman futuros economistas llegan a ser, a lo mejor, anticuados para el desarrollo de economías mucho más representativas a nivel mundial. Muchas veces el análisis económico deja de ser exclusivo de este ámbito, cuando existen normativas que repercuten e impiden el progreso de cualquier iniciativa económica orientada a una libertad económica o un libre mercado. A lo mejor, para dejar de lado análisis circulares, temas incómodos deben ponerse sobre la mesa.

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