Por: Angeles Claure
La Renta Universal de Vejez - Renta Dignidad, surge como política pública de protección social con el objetivo de cubrir el riesgo asociado a la vejez brindando seguridad económica para esa etapa de la vida, de modo que las personas adultas vulnerables a la pobreza tengan un ingreso asegurado, y, al ser una pensión no contributiva, son beneficiarios aquellos adultos mayores pobres o que no tuvieron la capacidad económica de contribuir, de acuerdo a Canavire y Mariscal (2010); esto genera un importante impacto en la economía, ya que implica un aumento de la demanda interna a partir de incrementos en el consumo y un estímulo a la inversión. Sin embargo, existen muchas dudas sobre su implementación, ya que Bolivia es el único país latinoamericano que estableció este derecho de pension no contributiva para personas adultas mayores y el mismo tiene muchas particularidades a ser cuestionadas en el siguiente artículo.
Para entender mejor el problema, es importante comprender en que está basado este sistema. Como primer punto, está la seguridad económica en la vejez, teniendo como grupo objetivo principalmente a personas pobres y el sector informal, lo que hace que el principal desafío sea el financiamiento y cómo implementarlo de modo que se cumpla la “promesa” de sustentabilidad y una fuente de ingresos segura. El segundo punto, es el crecimiento demográfico, que incrementa el costo fiscal y hace más complicado cumplir con el primer punto que es el financiamiento. Y es justamente esto el motivo de la preocupación hoy en día, dado que la fuente de financiamiento es a través del Fondo de la Renta Universal de Vejez, cuyos recursos provienen del dinero percibido del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de los dividendos de las empresas públicas capitalizadas. Estas fuentes presentaron tanto subidas como bajadas en cuanto a ingresos percibidos, y estas variaciones representan también una variabilidad en los ingresos que recibe el FRUV, sin embargo, las pensiones son fijas. También es cuestionable el aumento del monto fijo de las pensiones, aplicados en contextos de déficit fiscal, es decir, no esta justificado económicamente.
Todo lo mencionado nos lleva a cuestionarnos que tan sustentable es este sistema de protección social de la vejez, donde las fuentes de financiamiento son variables y los beneficiarios esperan una pensión fija, los cuales van aumentando con el tiempo debido al crecimiento demográfico y las fuentes muestran ingresos decrecientes: caídas en el IDH y en los ingresos percibidos por empresas públicas capitalizadas.
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