Hablemos de inversión pública

Por: Pablo Garcia Quint (columnista)

¿Qué tiene la inversión pública que resulta tan atractiva para los gobiernos? No buscamos una respuesta fácil, pero sí entender mejor la manera en que esta herramienta ayuda a la economía.

En Bolivia, la inversión pública es manejada como la respuesta a los problemas económicos desde 2006, habiendo crecido desde esa fecha, 10 veces su valor —de $629 millones a $6.586 millones— (Comunica Bolivia, 2019).

En esta línea, hace un par de días el ministro de economía Montenegro declaró que en los primeros 100 días del nuevo gobierno de Arce, la inversión pública en el país se dinamizó en 60% (Página Siete, 2021). Algunas razones atribuidas al crecimiento de la inversión pública hacían referencia al Bono Contra el Hambre, el aumento a las rentas de los jubilados, el reintegro del IVA, y el impuesto a las fortunas. Sin embargo, lejos de ser un logro esto se expone como uno.

Más allá de que las políticas fiscales parezcan un capricho político, estas sí tienen cierta validez académica. Recordemos que el gasto como variable explicativa a través de un multiplicador fue introducido a la literatura económica con John Maynard Keynes a principios del siglo XX como respuesta a la idea de que los fallos de mercado o ciclos económicos se encuentran en una economía libre de mercado. El modelo de Keynes consistía en un incremento en las variables de la demanda agregada (la inversión entre estas) para generar un incremento en el nivel de precios y el Producto Interno Bruto para que la economía crezca. El análisis se completa cuando las políticas expansivas suceden en ciclos caracterizados por brechas recesivas —baja producción y baja inflación, tal como se encuentra el país ahora—, y las políticas contractivas en brechas inflacionarias (alta producción y alta inflación).

En el caso de Bolivia, tomando en cuenta este marco teórico, hubo variadas investigaciones para explicar la relevancia de la inversión pública dentro de la economía. En el Inesad, por ejemplo, el economista Samuel Alarcón quiso ver los efectos en el desarrollo boliviano a través de un modelo de Equilibrio General Dinámico Estocástico. Los resultados encontrados, fueron los siguientes: Primero se corroboró que «[a] medida que el gobierno aumenta los recursos para inversión, se genera una mayor acumulación del stock de capital y, como consecuencia, las empresas ven mejorada la productividad de sus factores de producción». Estos impactos positivos se reflejan en un crecimiento del PIB en un 1% en 10 años, 0.44% en 5 años, y 0.06% en un año. La segunda conclusión que resulta más interesante, explica cómo este aumento en la inversión pública implica un aumento en la deuda pública y un efecto de crowding out sobre el sector privado. Alarcon explica sobre este último punto que, «a medida que el gobierno incrementa la demanda de fondos prestables, la tasa de interés del capital se incrementa generando un desincentivo para la inversión de los empresarios privados». Analizando a grandes rasgos estos resultados, el enfoque en la inversión pública no debería ser la prioridad, ya que además de mostrar un crecimiento diminuto, desincentiva al sector privado.

En otro análisis hecho también para la economía boliviana por la Universidad Americana de Beirut, el economista Casto Montero encontró resultados similares a la segunda conclusión de Alarcón con un enfoque econométrico de datos de panel entre 1989-2008. Montero acierta que, «el incremento de la inversión pública (…) no tiene incidencia estadística sobre el PIB per cápita», pero si en gastos sociales como en el sector de construcción o de educación, tomando en cuenta que estos tampoco son estadísticamente relevantes. Esto nos quiere decir que el impacto en el PIB per cápita de inversiones sociales no es suficientemente importante como para prestarle mucha atención. Por otro lado, un punto interesante a resaltar que Montero menciona en sus conclusiones nos dice que, «[en] cuanto al sector social, es evidente que es más complicado disminuir la inversión, dada la permanente necesidad de recursos en este sector. Asimismo, sería poco factible disminuir la inversión en este sector sin una fuerte voluntad política». La voluntad política empieza a convertirse en una variable importante a pesar de los resultados que se muestran en los diferentes modelos.

Ambos trabajos, sin ser académicamente conclusivos, muestran que la inversión pública no tiene una relevancia como la que alude el actual ministro de economía, en donde los cambios no representan un aumento en el PIB o PIB per cápita que sean representativos. Sin embargo, uno podría decir que de acuerdo al modelo keynesiano, y dada la brecha recesiva actual en Bolivia, el gasto, inversión o consumo podrían tener una respuesta más alentadora que los resultados de Alarcon y Montero. Pero no olvidemos que la situación es, de lejos, un fenómeno de demanda agregada.

Enfocarse solamente en estas variables se traduce en déficits o incremento en las deudas del país; que deben solucionarse en algún punto. Además, habrá consecuencias no intencionadas, como el desplazamiento del sector privado, y por ende, del sector productivo. Esto no parece alarmar ni ser de mucha relevancia para el gobierno, pero es importante remarcar que en este sector es donde se encuentra el verdadero motor de la economía. Más allá de la justificación del crecimiento, que va de acuerdo a la teoría keynesiana, las repercusiones del crowding out son más graves de lo que parecen.

El sector privado pasa por un proceso de mercado que no es obvio, ni planificable, ni replicable, como Israel Kirzner mencionaba. El empresario (privado resulta ser una redundancia) buscará negocios u oportunidades que no tienen ganancias aseguradas; es más, las pérdidas son parte del proceso de este descubrimiento. Si bien este proceso empresarial no puede desarrollarse porque la inversión pública resulta ser más importante para el gobierno, aunque vimos que no es económicamente representativa, debemos preguntarnos una vez más: ¿Qué tiene la inversión pública que resulta tan atractiva para los gobiernos? Si bien la respuesta es política, nosotros los economistas debemos ser la voz de la razón en momentos como este, para no descarrilar aún más nuestro país.

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