¿Hambre? Hambre de política, será

Por: Edycel Salazar

Época de elecciones. Creo que a nadie le gusta que lo ilusionen, ¿cierto? Pero nada se compara al famoso «Bono Contra el Hambre», un tema un poco delicado de tocar. Hoy la llamita les comentará un poco acerca del mismo y les hará entrar en contexto. Luego, ustedes decidirán qué opinar.

El pasado viernes se publicó la Ley 1330, con lo que oficialmente el Bono contra el Hambre, de 1000 bolivianos, entra en vigencia para su pago a los beneficiarios. El bono se otorgará, por única vez, a todos los bolivianos que residan en el país y que no reciban ningún tipo de remuneración salarial, ya sea por el sector privado o público, ya sean mayores de edad o mamás que reciban bono Juana Azurduy, personas con capacidades diferentes, o incluso, todos los que ya recibieron el Bono Universal.

Pero adivinen qué, desde ese día el reloj no ha dejado de sonar para el Ministerio de Economía, quienes tienen un plazo de tres días hábiles para reglamentar y realizar las acciones necesarias para el pago. —Tic tac—. Tenemos claro que los efectos de la pandemia, además de paralizar las actividades y la economía, incrementó el hambre de familias bolivianas en un gran porcentaje. El objetivo de este bono es cubrir las necesidades emergentes y llevar un plato de comida a la mesa de 3.6 millones de bolivianos. Somos conscientes de eso, pero ¿y el trasfondo?

Okay, aquí vamos con el dark side of the story. ¿Tienen idea de cómo será financiado? ¿Por qué el gobierno insiste que es inviable el pago del mismo? Pues sí, como se lo imaginaban. Se trata de una ley sin fondos; y en caso de la aprobación por parte del ministerio, será financiado con los recursos provenientes de dos créditos externos que ya fueron otorgados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Internacional de Reconstrucción. Asimismo, está el Contrato de Préstamo N° 5039/OC-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aquí el detalle. El Gobierno declaró que este dinero está dirigido a otras causas; causas como la lucha contra el covid, el pago de facturas de electricidad, el pago de diferenciales renta dignidad, y el remanente bono canasta. En todo caso, se tendría que renegociar los fines; y aprobar vía ley, cuál será su nuevo destino.

Además, la suma de ambos créditos llega a casi $us 800 millones, y ni así, después de cumplir con las demás obligaciones, se llegaría a cubrir el dinero. Sin ir lejos, un nuevo bono de 500 bolivianos necesitaría $us. 300 milloncitos. ¿Se imaginan el doble? Hablamos de $us. 600 millones. Ya ven porqué el gobierno trata de frenar el bono. Y eso no es todo.

Casualmente, falta menos de un mes para octubre, y todos sabemos que quién está detrás de esto es Eva Copa, quien forma parte del partido político del MAS y actualmente es presidenta de la cámara de senadores. Me huele a política por parte de este partido ¿a ustedes? La aprobación desencadenará una pelea por poder, incidiendo en el clima electoral en lugar de pensar en el bienestar de los bolivianos. Un tema que debe de ser atendido, sí. Pero de manera correcta. La pandemia dejó a muchas familias desamparadas, y es una obligación del Gobierno y de los involucrados hallar soluciones viables, ¿no creen?

Es un caso que debe de ser atendido —pero ojo, eh—, el fin no siempre justifica los medios.

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