Impuesto a los Servicios Digitales, ¿Una Medida Desesperada?

Por: Pablo Garcia Quint

El 22 de Abril, el presidente Luis Arce en su cuenta de Twitter manifestó lo siguiente, “Las grandes firmas que comercializan servicios digitales en Bolivia, desde el exterior, deben tributar en igualdad de condiciones que las empresas que operan en territorio nacional.” Debemos preguntarnos antes de formar un juicio, ¿Cómo podría afectar a la población en general dicha medida? ¿Son las políticas tributarias expansivas favorables en ciclos económicos recesivos como el que vive Bolivia hoy en día? ¿Son las políticas fiscales expansivas útiles para un verdadero crecimiento? ¿Qué nos dice esta medida del enfoque económico que Arce y su gabinete tienen?

La preocupación para muchos que consumen estos servicios es que la tributación recaerá sobre ellos; sin embargo, esta propuesta, según el presidente de la cámara de diputados, Freddy Mamani, en una nota de Página Siete titulada “Las Claves de la Ley del Impuesto Digital Planteado por Arce,” consiste en lo siguiente: “Este proyecto de ley está destinado a que paguen los empresarios transnacionales, no los usuarios, y eso está para nosotros claro y así lo vamos a garantizar siempre. El que está ganando mucho dinero tiene que nomás compartir estas ganancias.“ Pero más allá de las declaraciones del presidente de la cámara de diputados, la ley se encargará de tributar los siguientes puntos:

1. La intermediación en la compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza.

2. El suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier otro tipo de tecnología, de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos.

3. El suministro de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática.

4. La difusión de publicidad por cualquier soporte o medio digital.

5. Cualquier otro servicio no contemplado en los numerales anteriores.

Es decir que la influencia al consumidor no estará exenta como se mencionó previamente. La oposición a tal postura incluso se hizo notar cuando la COB manifestó que “es imposible [que tal impuesto se cobre] con… [la] crisis en que estamos, hoy el pueblo está desempleado… tenemos muchos problemas,” rechazando así tal medida.

Debemos también tomar en cuenta que muchos emprendimientos se plasmaron digitalmente durante la pandemia estableciéndose en un mercado incierto, por lo que este impuesto estaría castigando al emprendedor por las iniciativas que tuvo en momentos críticos. Esto se extiende a mas personas sabiendo que muchos comparten plataformas como Spotify, Amazon, Netflix, Disney, etc. en círculos familiares o de amigos, o en el caso de los mercados informales, como la Feria 16 de Julio, los comerciantes se encargan de descargar series, películas, música, o juegos a pedido. Los mayores costos se transferirán a mayores precios en los productos finales, y de igual manera, los consumidores tendrán que pagar el mayor tributo.

Pero la tributación a los servicios digitales, una ampliación al impuesto al valor agregado (IVA), llega como otra medida que se suma a propuestas de recaudación, como el impuesto a las grandes fortunas de inicios de año. Ambas políticas parecen ser improvisadas por el alcance que tienen; el impuesto a las grandes fortunas se centró en 182 personas, recaudando Bs.153 millones, un monto insignificante en comparación a la deuda o el PIB que tiene el país, y en una entrevista con la Agencia Fides, Gonzalo Chávez menciono que “se recaudará $15 millones [con esta nueva propuesta]… un impuesto punitivo sobre la clase media”. Esto hace pensar realmente si el plan de gobierno tiene un horizonte a largo plazo o está centrado en el corto plazo en la medida en que se incremente el gasto y se dinamice la demanda agregada interna.

Recordemos que desde el diseño del presupuesto general de la nación a principios de año, se incrementó la inversión pública en casi 15% (monto en Bolivianos) tomando en cuenta que la pandemia representó una contracción en sectores que todavía no están recuperados en su completitud. Cabe de igual manera recalcar que los incrementos impositivos usualmente se dan en momentos cuando la economía está en brechas inflacionarias, no en recesivas. Las consecuencias sociales de aplicar medidas contracíclicas trascienden lo que un modelo económico puede mostrar, el caso más claro es el de Colombia últimamente. Pero la idea de fondo sigue siendo la expansión del gasto como variable explicativa para mostrar crecimiento. Esta política económica enraizada en teoría económica neoclásica genera booms en la economía, pero no crecimiento. El economista Mauricio Ríos hace un a observación acertada en su artículo, “Bolivia cumple 100 días de ineptitud en el gobierno y la oposición” cuando declara que “Arce equivoca el diagnóstico de los principales problemas de la economía: [Arce] asegura que existe una falta de ingresos para incrementar el gasto y estimular la demanda agregada interna, cuando, en realidad, el problema es de un exceso de gastos y un exceso de oferta fundamentalmente monetaria y crediticia.” Las distorsiones en el mercado son inmensurables cuando el sistema de precios se ve afectado por impuestos que mandan señales de desincentivos a inversión extranjera.

Lo más preocupante radica en la idea que aquel que tiene más debe ser privado de sus ganancias porque estas fueron ganadas de manera injusta o egoísta. Esto se ve en las declaraciones del diputado Mamani y en las acciones que el Movimiento al Socialismo estuvo tomando desde el 2006. Las ideas empresariales son escasas, al igual que los recursos, y pensar que aquellos que logran ver desequilibrios en el mercado para poder satisfacer demandas no satisfechas generan sus ganancias injustamente nos lleva a pensar que la concepción epistemológica del gabinete de economía de Arce, y Arce mismo, están errados. Además, reiteramos una vez más, el precedente que esto marca para la consideración de futuras empresas de invertir en Bolivia, juega en contra nuestra ya que esto se presenta como un desincentivo.

Si la intención es recaudar a toda costa, parece ser una movida desesperada de un gobierno que no logra mostrar un frente económico sólido ante una situación completamente diferente a la que se vivió en 2014, cuando Arce era ministro de economía del ex presidente Morales. Las consecuencias no intencionadas de seguir este camino podrán manifestarse así como la COB lo hizo, o peor aún, con efectos en la economía que se verán solo en el largo plazo.

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