Por: Pablo Garcia Quint
"Errar es de humanos… rectificar es de sabios"
Alexander Pope
Últimamente, se ha visto mucha controversia en el país por algunas de las leyes que serían implementadas, como la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, la tributación a servicios digitales, que ya tiene vigencia, y otras leyes no económicas. Las leyes mencionadas son una respuesta a la poca actividad que el país registró en el último año, atribuida a la crisis sanitaria mundial. Sin embargo, sostenemos que a grandes rasgos el plan económico del oficialismo presenta inconsistencias en su formulación. Dichas inconsistencias se ven no solo porque parecen favorecer más un plan ideológico que un plan integral para el desarrollo del país, sino porque se muestran como propuestas ajenas a lo que sucede en la economía del país. Los fundamentos de ambas leyes radican en mayores controles al capital privado, que resultan en un gran desincentivo de muchos inversores, nacionales y extranjeros, siendo esta una situación poco deseable cuando se tiene un país en plena recuperación. Además, se tiene un ciclo económico recesivo desde 2020 y políticas fiscales expansivas resultan ser políticas anticíclicas que pueden dañar más que beneficiar el país.
La reciente aprobación de la tributación a servicios digitales está orientada a generar una fuente de ingresos para el gobierno a costa de la recaudación a personas o instituciones que ofrecen servicios digitales. Sin embargo, la política fiscal expansiva no toma en cuenta que se debería relajar tales cargas impositivas porque la economía no está en un ciclo expansivo. Tal medida tendría más sentido si la economía se encontrara en una brecha inflacionaria donde se necesita recaudar cierta parte de la moneda circulante para desacelerar dicho ciclo, pero la situación no es esta. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) trato de explicar a la población, a través de su presidente ejecutivo Mario Cazón, que dicha tributación “sólo incluye a los contribuyentes que ya operan en el territorio nacional con la venta de bienes y servicios a través de internet, como actividad principal y/o secundaria; por tanto, no incluye los servicios ofertados desde afuera del país” (Página Siete). Es decir que solo aquellas empresas o personas que ofrecen los servicios digitales como terciarios dentro del país serán tributados y no aquellos que adquieren tal servicio directamente de la compañía.
Algunas de las empresas mencionadas que pagarán tal impuesto son “Pedidos Ya, Yaigo, Tigo Money y Superticket”. Pero la realidad es que todos los costos serán pasados al consumidor a través de precios más altos en dichos servicios. Si bien el impacto no es directo, es ingenuo pensar que una subida de impuestos se quedara solamente con la empresa y el consumidor final no se verá afectado.
Por otro lado, una ley con gran controversia, y una segunda inconsistencia que notamos con el plan económico de Arce, se presenta en la propuesta de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Esto deja un claro panorama del no solo el mal diagnóstico económico del gobierno, sino de las pocas opciones que se toman en cuenta para un plan económico. Dicha ley estipula que la Aduana Nacional controlará la entrada y salida de dinero con la autoridad de imponer sanciones (30% del monto total del dinero) a quienes no presenten sus activos ante la aduana y a quienes no presenten un monto exacto de lo que representan sus activos cuando quieran transportar algo al país. Pero la controversia y oposición que muchos presentaron fue cuando dicha ley también dice que “Bolivia debe fortalecer la supervisión y el monitoreo en materia de LGI/FT [Legitimación contra Ganancias Ilícitas], incluyendo el desarrollo de herramientos de supervisión con un enfoque basado en riesgos, tanto para sectores financieros como para aquellos no-financieros”. Esto puede ser conflictivo para aquellos que desean mantener cierta privacidad sobre sus activos para evitar justamente las regulaciones y tributaciones que el sistema ya presenta. Mas uno de los problemas con esta ley radica, entre muchos, es que se ve al contrabando como un acto ilegal, aunque no es ilegítimo, y se lo cataloga como un delito que distorsiona el mercado nacional y afecta al desarrollo de la competitividad nacional (s.f. Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, 21).
Sin embargo, podemos lanzar la hipótesis que la gente opta por el contrabando justamente por las trabas burocráticas e impositivas que implican ser comerciantes “formales”. La inconsistencia se ve en el mal diagnóstico que prescribe más regulaciones y controles para fomentar la industria nacional, y sin embargo la solución se encuentra en el polo opuesto. ¿Alguna vez se intentó reducir el contrabando bajando impuestos o quitando regulaciones? ¿No sería la industria nacional más competitiva si sus impuestos fueran más bajos?
Esto nos lleva a pensar que dadas las características de la economía, ninguna de las decisiones económicas es acertada, por lo que la insistencia en su aplicación trasciende un entendimiento económico de la situación actual.
Lamentablemente ambas políticas no hacen más que desincentivar al empresario boliviano y peor aún, al inversor extranjero que es tan mal visto en nuestro territorio. ¿De qué manera se espera que el país crezca o se recupere si cada vez hay menos inversores, y los existentes hacen lo posible para retirar su capital del país? Y para hacer un seguimiento de las propuestas económicas ¿Por qué el gobierno no mide en cuanto reduciría la inversión neta privada como resultado de ambas propuestas que delineamos acá?
Entre muchas de las decisiones que el gobierno de Arce tomó, vemos que la solución al problema económico del país es mantener la misma ruta que se tuvo cuando Morales era presidente, pero sin los favorables precios del gas y sin las mismas reservas que permitían tener un margen para el gasto más amplio. De mantener el mismo camino, Arce no solo muestra una desconexión con la realidad, sino que cada vez la oposición (no me refiero a solo la oposición política) será más grande porque sus políticas estarán orientadas a lo que él piensa que el país necesita y no lo que el país necesita realmente, ser más libres para poder tomar sus decisiones y manejar sus activos sin la constante incertidumbre que algún momento estas puedan ser quitadas, o bien, reducidas por mayores cargas impositivas. Una muestra clara de la desconexión del presidente son las manifestaciones que se viven en todo el país al momento de escribir este artículo. No son solo los empresarios privados o los civiles o las personas con negocios pequeños que se manifiestan en las calles, son los gremiales, los comerciantes, y los informales que ven las decisiones de Arce erradas.
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