¿Incremento salarial aunque duela?

Por: Diego Rojas Vargas

En el mercado laboral, es normal que los trabajadores y sus organizaciones representativas soliciten un aumento salarial cada año para recuperar el poder adquisitivo perdido con la inflación de la gestión anterior. Sin embargo, el caso boliviano es algo distinto.

Desde el 2006, se implementó una política gubernamental de incremento salarial de forma permanente. Se buscaba aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora con incrementos salariales por encima de la tasa de inflación para así generar demanda interna; señala el Ministerio de Economía en su sitio web. Esta política fue criticada por los representantes de los empresarios dada la presión que esto generaba en sus costos, por otra parte, algunos la calificaban de proselitista. Entre 2006 y 2019, el incremento salarial se situó en un promedio de 7,9%, y la inflación en el mismo periodo fue, en promedio, de 5,4%. En 2019 se dispuso un incremento del 4% (Página 7). Esto parece haber generado una cultura de «derecho» u «obligación» a la subida salarial de los trabajadores de base, ya que cada año solicitan cifras de aumento incluso ilógicas; un 15% por ejemplo. A pesar de esto, dada la pandemia del coronavirus, el Gobierno transitorio decidió congelar el ajuste salarial 2020, a pesar del 1.47% (INE) de inflación acumulada de la gestión.

Ahora, en febrero de 2021, el dirigente de la COB asegura que no retrocederán en el pedido de un aumento para esta gestión. Sin embargo, la situación para esto se torna aún más complicada. Según datos del INE, la inflación acumulada del 2020 no supera el 0.67%. A esto se suma el decrecimiento de 11% del PIB y el alarmante número de empresas formales —a quienes el incremento salarial de verdad afecta— que cierran cada día. En una conferencia, la presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), Luz Mary Zelaya, mostró que si hasta julio de 2019 existían 11.413 empresas inscritas en el país, en julio de 2020 solo aparecían 6.964, lo que significa una reducción del 35 por ciento. En diciembre, y con el aguinaldo, la FEPC admitió que más del 50% de sus afiliados no tenían la liquidez necesaria para afrontar con ese costo.

En su entrevista con Página 7, las palabras del gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, muestran la posición del sector: «Continuamos en un año complicado y en una emergencia sanitaria. Este año se inició con la segunda ola de la COVID-19 que está golpeando mucho a las familias y a los diferentes sectores (demanda y oferta). Entonces, crear una expectativa de incremento salarial, lo único que puede hacer es generar, justamente, una mala expectativa en las empresas para generar sostenibilidad, lo cual irá en desmedro de los trabajadores». Sorpresivamente, Segundina Flores, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, expresó el rechazo de su organización a un incremento salarial; esto, en contraste con los datos del sector empresarial que estiman que durante la pandemia del coronavirus ya se han registrado más de 400 mil despidos en diferentes sectores.

La COB ya se encuentra preparando su pliego petitorio donde debe establecer el porcentaje de aumento que solicita. Es deber de las autoridades entrar en un diálogo con todas las partes para definir si un aumento es necesario y, aún más importante, si es factible. Sin embargo, algo preocupante es que el nuevo Gobierno pueda tomar una actitud demasiado servicial con un grupo sindical, como lo hizo hace unas semanas con los choferes; y como el MAS hizo en sus catorce años.

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