La Educación en tiempos de pandemia

Por: María Laura Torrico Ramos (columnista)

El día a día de todos los padres y madres del hogar se ha tornado cada vez más desafiante desde esta semana marca un año, donde tuvieron que trabajar más duro para poder preservar el ingreso del hogar para la alimentación de sus hijos, sino también ahora tendrían que tomar las riendas de la educación de sus hijos, en la nueva normalidad la educación refería a esta a distancia.

En este sentido, muchos hogares han sufrido de manera diferente en la región Latinoamericana, como lo detalla el último reporte del Banco Mundial sobre educación, el cual hace un llamado a estos países a comprometerse con la protección de la formación de capital humano de los niños de la región.

En dicho informe se dice que debido a la pandemia se generó el mayor shock jamás visto en la historia del sector educativo de la región, afectando a más de 170 millones de estudiantes, siendo las poblaciones más vulnerables las más afectadas, con estimaciones iniciales del impacto del cierre de escuelas que aproximadamente 2 de cada 3 estudiantes no sean capaces de leer o comprender textos adecuados para su edad.

Aumentando la “pobreza del aprendizaje” en más del 20%, es decir 7,6 millones de nuevos “pobres en aprendizaje”, por el cierre de escuelas equivalente en promedio al 70% del año académico, otros estudios señalan que de acuerdo a simulaciones con respecto a una línea base, en un escenario en el cual se diera el cierre de escuelas de 10 meses, lo cual fue una realidad para muchos países, demuestra que las pérdidas podrían ser equivalentes a casi 1,3 años de escolaridad ajustados por la calidad del aprendizaje, que en el largo plazo se traducirían en enormes pérdidas en capital humano y productividad.

También se cuantificó esas pérdidas en términos de costo económico total, en ingresos futuros a percibir, de hasta 1.700 millones de dólares (tomando en cuenta dólares de paridad de poder adquisitivo, base 2017) a causa de estos 10 meses de cierre de escuelas, también esta el impacto en el bienestar socioemocional ya que con el cierre de escuelas se interrumpió los servicios de alimentación escolar para más de 10 millones de estudiantes de la región.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales para mejorar la efectividad de la educación a distancia durante el periodo de interrupción de clases, estos han sido en su mayoría de “lenta reacción”, tanto en términos de matrícula sino en los grandes agravantes como los aparatos tecnológicos para asistir a las clases, hasta la cobertura del internet, estos hechos agravaron la situación de desigualdad en términos de la brecha de aprendizaje entre los niños de la región, en términos de ingresos ya que muchos que se encontraban dentro del rango de ingresos bajos debieron dejar de lado su educación por lo que resta de la pandemia, sin embargo solo los que contaban con ingresos altos pudieron mantener su educación a distancia activa.

En cuanto al caso boliviano, este organismo internacional estimó que una de las variables mas alarmantes, en consecuencia, de la crisis sanitaria era un incremento de la tasa de deserción escolar llegaría a un 20%, lo que lleva al país a ser uno de los países con mayor abandono escolar en la región.

Es necesario recalcar las premisas de las cuales partía Bolivia en el momento que inició la pandemia, nos encontramos ante un cuadro donde el nivel de niños en edad de escolaridad primaria y secundaria abandonaba los centros educativos y se disponía a trabajar para aliviar el nivel de gasto del hogar, es decir combatir la deserción escolar de niños menores a 14 años se había convertido en una tarea gubernamental, de esta manera se habían implementado incentivos en forma de política fiscal como el “Bono Juancito Pinto” y la política de desayuno escolar.

En este sentido el objetivo de política del bono y el desayuno era permitir a los niños prevalecer en la escuela con esa transferencia monetaria a los padres, para cubrir el costo de oportunidad que representaba a los padres mantener a su hijo en una escuela y no trabajando en las calles, así como cubrir relativamente una mejor educación en dicho periodo de desarrollo para los niños y jóvenes. A lo largo de la última década se tuvo resultados positivos con respecto a este parámetro, no obstante, mientras este mejoraba, lo que no mejoraba eran las condiciones de la educación del país.

En términos de infraestructura, sanidad, nivel educativo en general, con reformas del sistema educativo, no se tuvieron mejoras significativas, estas fueron totalmente expuestas a raíz de la pandemia, ya que por un lado ni los profesores contaban con los insumos ni la orientación necesaria para manejar una educación a distancia, ni mucho menos los alumnos, esto en lo referente a las escuelas públicas, que son aproximadamente el 89% de los centros educativos en Bolivia.

Además de otros hechos como el acceso a internet de los hogares de ingresos bajos, la cobertura de aparatos electrónicos que les permita continuar con la educación, era tan abrumante la situación, que la siguiente medida del gobierno al visualizar estas complicaciones fue, cancelar el año escolar, es decir todos pasarían automáticamente al siguiente nivel al año siguiente, independientemente en primer lugar del rendimiento de los alumnos o en otros casos de la continuidad de los mismos en las clases a distancia.

Para muchas perspectivas el error tal vez no está en la cancelación del año escolar, sino en el hecho de la aprobación anual, si se analiza el núcleo de la situación de pobreza de aprendizaje es que se podría deducir que si ya de por si se tiene la posibilidad de que la calidad académica se vea afectada negativamente y en términos relativos esta generación de niños y adolescentes tengan más complicaciones al momento de entender o comprender textos para su edad, esto se vería seriamente dañado y profundizado bajo el hecho de que independientemente si lograste aprender o siquiera asistir a clases, pases al año siguiente.

Sin embargo toda esta experiencia se puede convertir en una oportunidad para realizar reformas estructurales en cuanto al sistema educativo y la inversión en el mismo, así como la preparación de los países para una próxima reapertura que asegure la enseñanza y aprendizaje, en términos de protocolo de bioseguridad, del ejercicio de una suerte de híbrido en términos de la modalidad de educación presencial y a distancia, así como la línea de vacunación a los maestros y personal educativo, así como las agendas educativas que permitan recuperar progresivamente el retroceso en el aprendizaje, tanto compromiso por parte de los entes educadores como el de los niños y jóvenes, así como ajustes en las medidas fiscales para con la población vulnerable del sector.

También está contemplado el apoyo psicosocial y de salud mental para con los niños y jóvenes, frente al suceso histórico que acaban de vivenciar, es necesario priorizar e intentar mitigar el efecto en las poblaciones jóvenes, que a su vez son determinantes en el futuro de cada nación.

María Laura Torrico es economista por la Universidad Privada Boliviana.

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