La sombra del país

Por: René A. Moreno Zapata

En vísperas de elecciones, enfoquemos la atención en qué nos depara el futuro económico y qué podemos hacer a corto plazo después de las mismas. Nos encontramos en un momento único tanto para el país como para la humanidad: la crisis política y social desatada desde octubre de 2019 y la pandemia del COVID-19, que suma una crisis sanitaria y económica. Está claro que después del 18 de octubre se avecinan tareas difíciles.

La política nacional sufre una crisis multidimensional por años, la misma que representa una preocupante debilitación institucional tanto estatal como privada, un quiebre en la independencia de poderes del Estado y principalmente algo que genera mayor preocupación para mi persona: una pérdida de la relevancia y protagonismo de las organizaciones políticas.

Un rasgo muy preocupante es que ahora tenemos que buscar representación política en una persona en vez de un partido político como tal. Efectivamente cierta parte del electorado sí se identifica con un partido político, los partidos tienen nóminas completas en la elección actual, y los candidatos presidenciales suelen ser el protagónico líder de su campaña, pero hace falta algo que va más allá de las futuras tareas del fortalecimiento institucional en el sector público y privado, y la reconstrucción de la independencia de poderes del Estado y la legalidad.

A mi parecer, la estabilidad política requiere principalmente partidos políticos organizados y estructurados, que establezcan principios y proyectos a seguir, y que se autorregulen internamente. No referido a un solo partido político, sino a un conjunto de éstos que asegure aquello que se lleva buscando hace mucho tiempo: la pluralidad. Esta es una tarea que tomará tiempo en consagrarse y tendrá que nacer de la iniciativa ciudadana, lo importante es dejarla florecer.

La estabilidad política y la económica son complementarias, no es posible la sostenibilidad de una sin la otra en una democracia donde las libertades políticas y económicas son una necesidad. Ahora bien, suponiendo que las libertades políticas, los derechos y la ley como tal se respetarán luego de las elecciones del 18 de octubre, una tarea pendiente será tomar medidas económicas.

Entonces, las preguntas más relevantes son: ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué tan factibles serán? Hablemos de economía. Podemos intentar dar una larga lista de todas las falencias a corregir en el país, desde la informalidad que implica reformas tributarias y laborales, hasta nuevos direccionamientos en política comercial, pero, enfoquemos la atención en el corto plazo.

De forma inmediata se tienen que activar diferentes políticas contracíclicas. Como primer punto, es importante inyectar recursos financieros para reactivar la economía. El endeudamiento es un riesgo necesario que el país tiene que tomar. Aclararemos algo, la deuda no es un “mal” si es que sigue una administración eficaz y prudente respecto a los proyectos y sectores a financiar, es decir, proyectos rentables y productivos que nos den la capacidad de generar valor real y el repago del préstamo.

Definir los sectores beneficiados es una tarea más complicada. El turismo, siendo parte de los sectores más golpeados, precisa este salvataje, pero este último no asegura su rentabilidad, ya que depende principalmente de una demanda externa e interna que se ha minimizado en los últimos meses, además una marcada incertidumbre de su comportamiento en los próximos años. Sin embargo, hay razones de equidad que obligan a salvar este sector.

Consideremos lo siguiente. Algunos sectores económicos representativos del país como el agropecuario, la silvicultura y caza, la industria manufacturera, los establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y los servicios prestados a las empresas representaron en los últimos 3 años entre 41% y 42,5% del PIB real en conjunto (cálculos en base a datos de INE). Además, cuentan con tasas de crecimiento estables durante los últimos 9 años. Estos son ejemplos de algunos sectores que dadas sus condiciones podrían recuperar las pérdidas sufridas en 2020, e incluso, compensar los números negativos de otros sectores como el turismo que involucra restaurantes, transporte comercial, y hotelería. La idea es dar la oportunidad especialmente a sectores con capacidades productivas inmediatas.

En este contexto, hay un factor esencial: La canalización de los recursos financieros entrantes necesita una coordinación muy cercana entre el sector público y el privado. Es hora de cooperar. El gasto fiscal de capital, dada la inyección financiera, tiene que complementarse con el sector privado para sacar un buen provecho de estos recursos. Esta es una característica muy importante en esta medida contracíclica.

Veamos los datos. Bolivia tiene una deuda externa pública que llegó a un 27,1% del PIB en 2019, según el BCB. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas indican que la deuda externa pública es de USD 10.223,1 millones a septiembre de 2020; levemente superior a los USD 10107,3 millones de finales de 2019. Considerando la proyección del Banco Mundial de un decrecimiento de 7,3% del PIB de Bolivia a finales de 2020, incrementar la deuda externa será claramente una tarea que tocará hacer con pinzas y será factible si existe cierta gobernabilidad en la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Sí, es posible que los bancos internacionales, o aquellos organismos multilaterales acreedores puedan facilitar años sin pago de capital e intereses, incluso, hay casos de condonaciones de deuda. Pero, ningún gobierno o candidato puede darse el lujo de presupuestar su gobierno con esos magníficos escenarios. Eso sería muy irresponsable.

Como segundo punto, los recursos entrantes al Estado, ya sean por endeudamiento o recaudación tributaria, tienen que optimizarse; esto quizá implique una reducción del tamaño de la administración pública para focalizar el gasto fiscal a puntos prioritarios. ¿Por qué? Responderé en base a una investigación de la serie DIA del BID: «Mejor gasto para mejores vidas: Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos»” de 2018 a manos de una gran grupo de investigadores dirigido por Izquierdo, Pessino y Vuletin. En líneas generales, se observó un crecimiento del gasto público que alcanzó un 25% del PIB en América Latina y el Caribe durante la década de 2000, todo gracias al boom de las materias primas. Pero, ¿esto es bueno o malo?

El crecimiento del gasto público es algo natural, descrito por la Ley de Wagner: A medida que el PIB per cápita aumenta, también lo hará el gasto público. Un gasto público alto no implica insostenibilidad. Un claro ejemplo son los países escandinavos, con un gasto público que incluso supera el 37% de su PIB según datos del Banco Mundial. Pero este no es el caso de América Latina. Los países de esta región han optado por estrategias procíclicas a lo largo de su historia, obligándolos a ajustar el gasto en tiempos de recesión.

Los países latinoamericanos, como Bolivia, tienen un problema que según el BID (2018) surge de una alta preferencia por bienes públicos a la par de una carencia de instituciones y acuerdos nacionales, haciendo del gasto fiscal insostenible en el tiempo. El estudio ofrece conclusiones fascinantes. En este sentido, el BID (2018) establece una clasificación de las eficiencias del gasto público.

La Eficiencia Técnica

Esta se refiere a que el gasto fiscal tiene que producir bienes públicos haciendo uso de la menor cantidad de recursos posible, es decir, eficiencia fiscal. Haciendo uso de los datos más actualizados entre 2015 y 2018, la investigación determinó tres componentes del gasto fiscal que generan ineficiencia: Filtraciones de transferencias, malgasto de compras públicas y malgasto en remuneración a empleados. A nivel de la región de América Latina y el Caribe, estos gastos ineficientes llegan a representar un 4,4% del PIB regional.

¿Dónde se ubica Bolivia en la lista? Estamos por encima del promedio regional. Es más, alcanzamos el podio con el tercer lugar en el listado. El gasto público ineficiente en Bolivia alcanza una proporción de su PIB de 6,3%, sólo por debajo de Argentina (7,2%) y El Salvador (6,5%). Para tener mejores parámetros de comparación, el país con la menor cifra es Chile (1,8%).

¿Cuál es el componente que genera más ineficiencia en nuestro país? Es el malgasto en compras públicas. Este malgasto específico alcanza aproximadamente un 2,8% del PIB en Bolivia, entre los más altos de toda la lista. Adicionalmente, el malgasto en remuneración a empleados representa aproximadamente el 1,1%. Esto indica que el Estado boliviano tiene un mal manejo de sus fondos al momento de realizar adquisiciones y tiene un mal hábito de emplear y pagar por encima de lo necesario a trabajadores de la administración pública. Sí, este estudio tiene casi dos años y en algunos casos hace uso de datos de 2015. Pero seamos serios, fue y sigue siendo una señal de alarma.

La Eficiencia Asignativa

Esta última se refiere a las decisiones del gobierno entre gasto corriente (presente) y gasto de capital (futuro). Los países desarrollados mantuvieron un gasto corriente acíclico, un gasto de capital contracíclico, y la composición del gasto público fue relativamente constante en los últimos 25 años. En cambio, los países de nuestra región han demostrado una tendencia positiva en el gasto corriente y una negativa en el gasto de capital. La región en general prioriza el presente sobre el futuro.

Los países de América Latina y el Caribe tienden a incrementar el gasto corriente en tiempos de auge y reducir el gasto de capital en tiempos de recesión, esta es la prociclicidad; muy diferente a los países desarrollados. Según Ardanaz e Izquierdo (2017), hay dos razones principales: La baja calidad institucional y el impacto de los ciclos electorales en el gasto corriente, características de nuestra región.

Ante esta información sobre el gasto público en la región y en Bolivia, reitero lo mencionado en este segundo punto. El Estado tendrá que darle un uso más eficiente a sus recursos, empezando por establecer gastos corrientes acíclicos y significativos. Como fue mencionado en el primer punto, los gastos de capital deben ser contracíclicos y volverse una herramienta con el fin de contrarrestar efectos recesivos como los actuales.

El estudio del BID (2018) asegura que existe una heterogeneidad entre países respecto al gasto público. Los potenciales recortes de gasto tienen que ser a la medida de cada país y con cautela, especialmente en inversión pública y transferencias públicas para no ralentizar el crecimiento y no mermar los avances en términos de equidad social.

Desde mi punto de vista, en una situación crítica como la que vivimos, el recorte menos perjudicial sería en las oficinas, ministerios y/o programas del Estado y la administración pública en general, donde el valor real producido sea casi nulo. ¿Esto no generará más desempleo? Sí, es posible pero esos recursos serán gastados de una u otra forma por el Estado y será mejor si son desviados a sectores públicos prioritarios donde existe un retorno real que alcanza múltiples dimensiones, como la educación y la salud. Esta última es muy importante, especialmente si queremos hacer frente a la crisis sanitaria al mismo tiempo.

Hasta el momento, no hablamos de proyectos de gran envergadura como la explotación e industrialización del litio, proyectos hidroeléctricos que tienen el potencial de producir hasta 1.500 MW de energía eléctrica, según estudios de la CAF y otros que involucran exploraciones petrolíferas. Son relevantes por su significancia en el largo plazo y tienen que ser debatidos a la brevedad al igual que la posición en materia de política comercial que el país debería asumir para sacar el mayor provecho posible de los mercados internacionales.

En conclusión, el Estado no puede pretender un sostenimiento del gasto público actual dadas las circunstancias. El crédito internacional es necesario y no debe significar un alivio fiscal sino un alivio social y económico, es decir, que el Estado tiene que recibir estos recursos y redireccionarlos inmediatamente a gastos corrientes como la salud y a gastos de capital en diferentes sectores de la economía; todo bajo una administración fiscal eficiente y progresivamente mejor estructurada.

No cabe duda de que este 18 de octubre será un momento decisivo en la historia del país, y será el inicio de una difícil tarea que dependerá de todos nosotros.

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