Por: Cecilia Vega
Dentro del contexto económico ecuatoriano, al igual que muchos países que vienen arrastrando las secuelas de la pandemia, vemos que se han tenido que hacer cambios en leyes ya propuestas desde el año 2018, como ser la Ley Orgánica de Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. La propuesta referente a esta ley es eliminar el aporte del 1% de los ingresos de las operadoras telefónicas que financia el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Esta ley viene acompañada de muchas normas que fueron variando a lo largo de los años, el gobierno de Lasso se inclina hacia un nuevo contexto en las inversiones y empleo poniendo al país en “venta”.
Principalmente, se recalcan tres elementos: las asociaciones públicas y privadas, y la desregularización y el descontrol del mercado de valores dados por una autorregulación y participación de asociaciones gremiales. Y no solo eso, el cambio viene en combo, pues se reconoce también un mercado extra bursátil paralelo, donde se negocian instrumentos financieros directamente. Años anteriores, se prohibía que los grupos financieros y las entidades vinculadas de manera directa o indirecta puedan ser accionistas de las bolsas de valores y formar parte de sus directorios, pero la nueva ley que busca ser aprobada, elimina totalmente la limitación para los grupos y entidades financieras, algo muy conveniente si se habla sobre negociación de instrumentos. Varios analistas están en desacuerdo con la ley de atracción orgánica de inversiones pues tiene efectos en servicios públicos y gestión privada de activos estatales, con objetivo de los sectores estratégicos que tienen que estar enfocados en necesidades de la ciudadanía. —Un poco contradictorio, ¿no lo creen?—. Aún más si se toma en cuenta la ideología de ideas liberales pero “conservadoras” tratando de imponer un modelo económico que favorece a las grandes mayorías empobrecidas del país.
Esta ley promueve un salto gigante en las operaciones de la bolsa, sobre todo, si hay un mercado extrabursátil en Ecuador, ya que las bolsas de Guayaquil y Quito trabajan solo con unas cuantas operaciones en el mercado bursátil. Separar la negociación de valores del sector público de los del sector privado significa crear mercados paralelos, lo que no favorecerá la transparencia ni la formación de precios en un mercado en crecimiento. Además, la ley deja abierta incorrectamente la posibilidad de creación de mercados paralelos para la negociación de bonos de Estado y demás títulos públicos, ya que sus colocaciones se realizarían mediante subastas de plataformas extrabursátiles, es decir, el mercado primario y sus posteriores ventas entre privados, bancos, mutualistas, fondos de inversión, seguros y otros, será en bolsa, pertenecientes al mercado secundario.
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