Por: Miguel Morales Gutierrez
Hace más de 500 años, la historia de la minería en Bolivia comienza con el descubrimiento del “Cerro Rico de Potosí” dando un salto importante para nuestra economía y política. A través de los años este sector se fue expandiendo fuera de Potosí, llegando a Oruro, La Paz, Santa Cruz y otros. Los minerales principales que se exportan en la actualidad son, la plata, oro, zinc y estaño, donde en 2021 se obtuvieron alrededor de los 392 millones de dólares para el PIB nacional – según INE, 2021 – donde el oro fue el responsable del 40% de las ganancias debido a su subida en los precios internacionales, cotizándose el 19/02/2022 en 1898.43 USD/oz.
Por lo tanto, pese a que este sector sigue teniendo procesos extractivistas, la minería seguirá de pie en nuestra economía. Sin embargo, estas ganancias “legales” son el producto de empresas nacionales, privadas y algunos consorcios, pero existe un lado oscuro de la industria que no se refleja en los beneficios y es controlado principalmente por las cooperativas. Es cierto que todo boliviano tiene derecho a trabajar y buscar los medios para llevar ingresos a sus hogares, pero el hecho de ir por un camino ilegal, conlleva problemas sociales y económicos.
El primer daño a la economía sería partir del concepto de que el País Bolivia es el único dueño de las riquezas del subsuelo, dentro de ellas están los minerales. Puesto que a partir de estos minerales se obtienen impuestos y también regalías, que las empresas están obligadas a cumplirlas – Según Código de Minería – También, se obliga a las empresas del sector a cumplir con varios requisitos sobre todo para cuidar el medio ambiente, como ser licencias ambientales, permisos ambientales, recurrir a maquinaría que no dañe a las vetas y entorno, y sobre todo a cumplir estatutos de servicios sociales a los trabajadores.
No olvidemos que más del 70% de los trabajadores mineros viven en condiciones de pobreza, donde el 30% vive en extrema pobreza, sin acceso a educación, salud y jubilaciones, por lo tanto adentrarse en este sector ilegal pone en riesgo no solo al medio ambiente, si no que a sus trabajadores. Además que se impulsa el mercado negro del contrabando de minerales pudiendo aumentar la inseguridad social y el empobrecimiento de las zonas.
Por lo que el caso de las 55 cooperativas en el Madidi, es un tema delicado porque se están quebrantando la ley 1777 y la ley 535 de la minería, donde la vida humana y del ecosistema se encuentran por debajo del valor del dinero. Entonces, es necesario un análisis profundo y leyes más severas que protejan los parques nacionales y el valor del trabajador minero, puesto que en un futuro los daños pueden ser irreversibles que no solo daña a la economía nacional si no que se pierdan vidas humanas sin sentido.
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