Ministro de Economía Montenegro. ¡Primer strike!

Por: Diego Rojas Vargas

Hay un nuevo diferimiento, pero más que una medida económica —que sí lo es, ya sea correcta o errónea—, nos deja el sabor a política del pasado. Y es que las condiciones en las que este se dio, y los actores, gobierno y sindicatos, nos obligan a cuestionarnos el rol del Gobierno en una posible crisis financiera que muchos presagian.

Respecto al gobierno del MAS y los grupos sindicales, Henry Oporto dijo:

«[…] el propio Estado se convierte en corporativo, en la medida en que integra a organizaciones sindicales, gremiales, empresariales y otras y comparte con ellas parcelas de poder, de manera tal que en la gestión estatal toman preponderancia los intereses corporativos por encima de los intereses generales» (2018).

Y parece ser que el nuevo Gobierno y sus ministros continuarán con estas prácticas. Sin embargo, ahora puede ser un momento muy delicado para hacerlo, y las consecuencias pueden ser gravísimas.

El 13 de enero, luego de dos días de bloqueos por parte de choferes, el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la legislación que permitiría un nuevo diferimiento, o «periodo de gracia», como él lo llama, por otros seis meses. Sin embargo, cuando comenzó a leer las partes firmantes algo raro retumbó en nuestros oídos. Iba así: «[…] acuerdo que vamos suscribir entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Federación Nacional de Cooperativas del Transporte de Bolivia, la Federación de Transporte interprovincial La Paz, la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, el sindicato de choferes asalariados del transporte nacional e internacional, la Federación 16 de noviembre de Santa Cruz, la Federación de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional, la Federación Departamental de Cooperativas Santa Cruz, la Confederación Nacional del Transporte Libre y nuestros hermanos de los radios taxis y transporte libre de La Paz […]». ¿Lo notaron? Faltaba el otro implicado, el otro directamente perjudicado por dicha normativa, y con quien los choferes habían firmado un contrato privado: La banca.

Esto no se dejó esperar y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) hizo público su descontento con esta decisión unilateral. En una entrevista al diario cruceño El Deber, uno de sus representantes Nelson Villalobos indicó: «Siempre propusimos trabajar esta situación caso por caso, por supuesto que la banca quiere ayudar, pero no vulnerando la intermediación financiera. Con esto estamos interrumpiendo por seis meses más el flujo de recursos»; y en un comunicado de prensa la entidad estipula: «Estamos atravesando una crisis económica y una crisis sanitaria. Una crisis financiera es lo último que el país necesita en las actuales circunstancias. Una medida como el diferimiento adicional que solicitan algunos sectores movilizados, pone en ciernes una crisis financiera, lo que crearía condiciones desfavorables para reactivar la economía ». Temores válidos y compartidos por muchos.

Esta decisión y, más aún, la manera en que fue tomada, es también inesperada considerando el pasado del Ministro Montenegro, antiguo presidente del Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

Pero, ¿por qué esta vez la fórmula servicial a los sindicatos puede ser el comienzo de una crisis? ¿Por qué puede este convertirse en un error que marcará la gestión de Montenegro?

Bueno, no hace falta ser un especialista para darse cuenta que la economía del país está pasando uno de sus peores momentos. La gente no trabajó y no tiene dinero. Pero parece ser que a algunas personas les cuesta pensar un poco más y darse cuenta que esto afecta al sistema financiero. Si la gente no deposita su dinero o lo retira, si no paga sus créditos y etcétera, el banco no puede realizar su trabajo eficientemente; se le dificulta pagar intereses a sus ahorristas, y no puede otorgar nuevos créditos. Y si esto es sistémico, nos encontramos frente a una crisis.

El Informe de Estabilidad Financiera (BCB, 2020) de julio de la gestión pasada, ya nos indicaba que la liquidez del sistema financiero nacional se vio tensionada por la contracción de las actividades y el diferimiento en el pago de los créditos vigentes. La estrategia del anterior Gobierno y el BCB se resume en la compra de valores públicos en tenencia de las AFPs. Se invirtió 3.476 millones de bolivianos en el sistema (principalmente en DPFs de largo plazo) y en la disminución de la tasa de encaje legal tanto para los depósitos en MN como en ME.

Todavía no sabemos a ciencia cierta cuales son los resultados de estas políticas ya que aún esperamos la publicación del siguiente Informe de Estabilidad. Sin embargo, sabemos que la economía aún no se recupera y parece estar lejos de estarlo con los casos de COVID subiendo minuto a minuto. Un nuevo diferimiento indudablemente ocasionará más tensión en la liquidez del sistema. ¿Cuáles son las opciones para aliviar esta situación? Una nueva reducción del encaje legal podría funcionar (aún no conocemos el impacto real de la anterior reducción), pero también acarrea otras variables a tomar en cuenta. La legislación correspondiente a las AFPs ha sido recientemente modificada para permitir el retiro de estas, y sus efectos son aún más inciertos. Se vienen más meses complicados para Bolivia, y para Montenegro. La relación del partido de turno con sus bases le cuesta el primer strike al flamante Ministro y, lastimosamente, a todos nosotros, el equipo.

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