Pobreza y microcréditos en tiempos de COVID-19

Por: Ibhar Christian Beramendi Illanes (Columnista)

Cuando se habla de pobreza, muchas veces pensamos en un discurso retórico para posicionar un político, sin embargo, si tomamos el tema desde una perspectiva real, nos damos cuenta que la situación es más compleja de lo que aparenta a primera vista. La pobreza, no es únicamente la carencia de ingresos y de consumo, esta se asocia a bajos niveles educativos, escenarios desfavorecedores de salud y nutrición, falta de acceso a servicios básicos y un entorno peligroso en general, entorno más o menos crítico si hablamos de pobreza extrema o indigencia.

A pesar de tener una notable reducción del porcentaje de pobreza en la población durante los últimos años, Bolivia aún presenta una cantidad alarmante de personas con escasos recursos en el país; lo que junto a la crisis sanitaria y la inestabilidad política vivida desde finales de 2019, no hacen más que poner en riesgo una efectiva lucha contra la pobreza. Y la situación no se detiene ahí. Existen estimaciones sobre el efecto del COVID-19 en la pobreza. El CELAG prevé un incremento de 1,4 millones de personas en situación de pobreza. Por otro lado, Beatriz Muriel (INESAD) estima un incremento de más de 2 millones de personas en situación de pobreza. Si estas proyecciones son acertadas, el número de personas con escasos recursos en Bolivia podría ser cercano o incluso superior al número de personas pobres reportado en 2005.

Este escenario, a pesar de ser muy desesperanzador, puede transformarse en una motivación importante para desarrollar proyectos e intervenciones enfocadas a combatir la pobreza. Ahora bien, organismos internacionales como el BID, la CAF y el Banco Mundial, durante el tiempo que duró la cuarentena obligatoria, se dedicaron al estudio y análisis de una salida de la crisis económica y, una de ellas, fue sin duda el apoyo al micro emprendedor. Sin embargo, no podemos olvidar que estos emprendedores en el país se encuentran principalmente en el mercado informal.

Los microcréditos pueden ayudar a financiar los costos de capital y brindar la posibilidad de iniciar un nuevo negocio o ampliar los negocios existentes con especial énfasis a aquellas familias que encuentran difícil acceder al mercado de crédito formal (bien por la carencia de garantías y/o la carencia de formalidad respecto a sus fuentes de ingresos). Es decir, los microcréditos tienen un importante campo de acción para las familias que se encuentran insertas en la informalidad y/o se encuentran en una situación vulnerable.

(Mosley, 2010) encuentra que para el caso boliviano las instituciones microfinancieras tienen impactos positivos sobre el nivel de ingreso de las familias y la acumulación de activos; también se resalta que el impacto sobre los ingresos es mayor a medida que los ingresos de la familia son menores, es decir, familias más pobres perciben un mayor incremento en sus ingresos producto de los microcréditos. (Garvizu, 2015) explica que créditos menores a 1000 US$ afectan a las familias en situación de pobreza moderada, pero que a medida que el valor de los créditos aumenta su incidencia sobre los ingresos se reduce. Es bastante claro que existen indicios de que en el país se tienen efectos sociales y económicos positivos de la implementación de microcréditos, empero, es evidente que en los últimos años la búsqueda de sostenibilidad financiera junto a las estrategias de crecimiento institucional ha desplazado los objetivos sociales de las instituciones microfinancieras relevantes. Por ejemplo, el BDP (Banco de Desarrollo Productivo) se ha enfocado en la inversión en maquinaria más que en la reducción de la pobreza (Villaroel & Hernani-Limarino, 2015). Adicionalmente, la normativa actual, limita la creación de nuevas instituciones microfinancieras que puedan priorizar los objetivos sociales.

Con la finalidad de resaltar que en la región aún se tienen recientes aportes sociales de los microcréditos, se puede observar que para Ecuador estos los microcréditos actúan como un mecanismo para reducir la pobreza y aumentar el nivel de ingresos, como también, para favorecer la liquidez de la actividad económica, la productividad de sus actividades y la calidad de vida en general, siempre y cuando el crédito sea bien administrado (Tacuri & Suarez, 2017), (Arcos & Nuques, 2019) y (Carvajal & Espinoza, 2020). Para el caso colombiano, (Estrada & Hernández, 2019) muestran como el hecho de recibir un microcrédito disminuye la condición de pobreza y el empeoramiento de la situación monetaria.

En conclusión, se puede notar que podemos esperar resultados significativos de la implementación de microcréditos en el país, sin embargo, las barreras políticas, legales e institucionales bloquean dicha alternativa. Pero, este artículo concluye con una pregunta para los lectores: ¿Sería realmente malo darle un pequeño crédito a un «amigo emprendedor» que conozcamos, y en el que confiemos, si llevamos un apropiado seguimiento y apoyo?

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