Reforma en Colombia: ¿Sostenible o suicida?

Por: María Laura Torrico Ramos

En los últimos días creció la preocupación por la situación de Colombia, en medio de la crisis sanitaria, uno de los países más golpeados de Sudamérica se encontraba en medio de protestas que culminaron con represión policial, toques de queda y muertes de los manifestantes. Como resultado, el presidente Duque dió marcha atrás a la polémica reforma tributaria, instando a los sectores a llegar a un consenso y a partir de este realizar las determinaciones pertinentes. Sin embargo, ¿en qué consistía exactamente la reforma tributaria? ¿Cuáles eran las causas para tal reforma y las consecuencias de esta?

Se trataba de la “Ley de Solidaridad Sostenible”, la cual, a grandes rasgos, se trata de una reforma tributaria, la cual tenía como objetivo incrementar los ingresos estatales con el fin de que estos pudiesen hacer frente a la creciente deuda externa y el gran déficit fiscal. Este incremento buscaba recaudar 6,294 millones de dólares, equivalente a un 2% del PIB colombiano, con la pretensión de que 73% sea fondeado por personas naturales y el resto por empresas, a través del gravamen de los productos básicos de la canasta familiar y servicios públicos, así como el impuesto a las personas catalogadas de clase media-alta con respecto a su renta.

Uno de los puntos más delicados de dicha reforma era el hecho de cobrar impuesto a la renta a personas que generen un sueldo mensual de más de 663 dólares en un país donde el salario mínimo es 234 dólares; además del cobro del Impuesto de Valor Agregado (IVA) que en Colombia es de 19%, a servicios como el agua, luz y gas, objetos electrónicos, funerarios, entre otros, así como el impuesto al patrimonio de personas mayor de 1,35 millones de dólares de 1% y 2% para el caso de patrimonios que superen los 4 millones de dólares, siendo aparte del impuesto de la renta previamente descrito.

Ahora bien, las causas para tal polémica idea surgieron a partir de una situación delicada en términos de la macroeconomía colombiana, la cual fue agravada por la crisis sanitaria. Si bien se pretendía a través de estos nuevos ingresos hacer frente a los pagos de la deuda externa y los gastos fiscales, estos tenían como objetivo evitar que esta deuda y déficit genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales para el país, desconfianza en inversores e incluso con el riesgo de generarse una futura fuga de capital que repercuta en otras variables que aumenten la desestabilidad económica como mayor presión a la depreciación del tipo de cambio.

Por otro lado, se intentaba aliviar los “huecos fiscales” generados del déficit fiscal y profundizados por los inminentes gastos de la pandemia aproximadamente el 4,1% del PIB, problemas que podrían repercutir en dificultades para mantener las transferencias monetarias a los grupos vulnerables que se realizaron durante el periodo de la crisis sanitaria, en este sentido el problema de fondo es aún más complejo de lo que parecía.

Colombia mantiene una calificación de riesgo de Baa2 con perspectiva negativa según Moody´s Investors Service, sin embargo, esta anunció una posible modificación a finales del 2021 o en 2022, debido a que el gobierno colombiano incrementó la meta del déficit fiscal para el presente año siendo de 8,6% del PIB, lo cual supera la estimación de Moody’s del 7,5% del PIB, siguiendo esta línea y el nivel de deuda estimado por el gobierno de Colombia, el cual es de 64,8% del PIB se espera llegar a un 59,2% del PIB en 2031, el cual requerirá la capacidad de pago pertinente, en orden de no generar incertidumbre e inestabilidad en el comportamiento de los inversores y el sistema financiero, al mantenerse a un nivel relativamente alto, mayor del 50% del PIB establecido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Sin embargo, las consecuencias de haber proseguido con la aprobación de dicha ley, hubieran sido probablemente a favor de variables macroeconómicas a costa de los ingresos golpeados de los hogares colombianos, se trata de una realidad en la cual en el último año 4,1 millones de colombianos perdieron el empleo, se dio el cierre de más de 500.000 negocios, de acuerdo a la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) el 19% de las familias no cuentan con ahorros suficientes para sobrellevar la situación y que 2,3 millones de hogares sólo alcanzan a ingerir 2 comidas al día, en este sentido, la pobreza monetaria de Colombia aumentó a 42,5% en el año 2020, es decir 3,5 millones de personas cayeron bajo el umbral de pobreza.

Es decir, la reacción del impuesto a rentas y cobro de IVA a productos básicos podría haber desencadenado consecuencias catastróficas en términos de pobreza, que, probablemente, podrían no haber sido compensados a pesar de las transferencias monetarias de los programas sociales de la pandemia, además de consecuencias a largo plazo para estas familias con respecto a la dificultad de salir del umbral de pobreza en los siguientes años.

Ahora bien, esta ley se encuentra en un proceso de conciliación y revisión entre las autoridades legislativas y distintos sectores, sin embargo, esta no era la única petición dentro de las protestas.

En líneas generales la población colombiana demanda una “economía más igualitaria” dado que a pesar de que Colombia sea un país con estabilidad macroeconómica este es el segundo más desigual en América Latina y el séptimo del mundo según el Banco Mundial, la disconformidad de la población se debe debido a que estipulan que la economía colombiana está anclada al clientelismo político el cual exime de impuestos y competencia abierta a oligopolios de banano, azúcar, minería entre otros. Además de exenciones del sector financiero, el cual pagó solo el 1,9% de sus utilidades en el año 2020.

Además de una reforma policial, dada la violencia policial, la cual ha causado numerosas muertes y heridos en las últimas décadas en manifestaciones del país, se quiere una reforma que incluya el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en Colombia la policía forma parte del Ministerio de Defensa ya que está estructurada en contra de las guerrillas marxistas.

Finalmente se espera la mejor implementación del “acuerdo de proceso de paz” iniciado por el ex presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016, para detener los asesinatos, masacres y desplazamientos masivos.

Para concluir, la compleja situación por la cual atraviesa Colombia precedía a la pandemia, sin embargo está siendo llevada al límite gracias a ella, teniendo problemas de fondo que se van expandiendo a más sectores de la economía, los cuales no serán solucionados hasta que se empiece por una revisión del balance fiscal en orden de poder controlar el déficit, ya sea a través de ingresos, dentro de estos a su vez también entra el control de la deuda externa, así como los gastos, que a pesar de ser cuantiosos no muestran eficiencia en términos de la provisión de vacunas. Es necesario implementar un plan con las menores repercusiones negativas tanto en las variables macroeconómicas como en las variables sociales, reactivaciones orientadas al empleo y generación de ingresos así como el análisis de ciertas exenciones que corten el clientelismo que está ahogando el sistema, en orden de que sea una ley verdaderamente “Solidaria y Sostenible”.

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