¿Una América Latina sin pobreza?

Por: Fatima Rocha

«Pobreza en América Latina». ¿Cuántas veces hemos leído este encabezado en alguna fuente informativa? Incontables veces. Sin embargo, ahora más que nunca, a causa del virus, no solo se ha generado un panorama más desolador, sino también, ha sacado a flote los problemas de todo ámbito y los ha maximizado.

Ante esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone una luz de esperanza con el fin de eliminar la pobreza para 2030. La región debe crecer a una tasa de por lo menos 4% al año y realizar una fuerte redistribución del ingreso de hasta 3% del PIB anual. Obviamente, la intrigante pregunta es: ¿Cómo se lograría? La respuesta es que se lograría a través de medidas con base en un concepto de actual tendencia: Desarrollo sostenible; aplicando el mismo en las tres dimensiones principales, económico, social y ambiental, además de trabajar con tecnologías ambientales que aporten al crecimiento.

Dentro del contexto actual en estas dimensiones, existen grandes brechas entre distintos grupos sociales de América Latina y el Caribe respecto a materias de salud, educación, ingresos y riqueza, así como en el ejercicio de los derechos políticos y sociales.

Asimismo, la región representa un porcentaje pequeño de las emisiones mundiales, pero los efectos de estas la afectan en gran medida, sobre todo, en los estratos más pobres. Esto sumado a una explotación de recursos naturales, generan una destrucción constante del medio ambiente.

Para esto se propone políticas de mediano y largo plazo concentrando la atención en siete sectores que llegarían a ser los pilares de esta estrategia: Una nueva matriz energética donde se opte por energías renovables no convencionales como la energía solar y eólica, la electro movilidad urbana referida a un incremento de la participación de los vehículos eléctricos, la revolución digital como alternativa para una disminución del transporte físico generando menor contaminación, la industria manufacturera de la salud que genere productos que mejoren la calidad de vida de la población y empleos, bioeconomía que engloba la agricultura, la agroindustria y la producción de alimentos en general, economía circular con el fin de preservar el valor de los materiales y los productos para reducir al mínimo la generación de residuos y cerrar su ciclo de vida, y el turismo sostenible al ser un sector clave para las exportaciones, el PIB y la generación de empleo.

Un ejemplo de las políticas de esta propuesta son la eliminación de los subsidios al consumo de combustibles fósiles, la regulación de los vehículos eléctricos, y la mezcla de biocombustibles; conjuntamente al uso del espacio fiscal creado a raíz de la eliminación de los subsidios para invertir en energías renovables no convencionales y en la extensión del derecho a la salud.

Si bien esta propuesta es bastante tentadora, es necesario aterrizar en el día a día de la región, ya que esta propuesta necesita de mucha cooperación y sinergias entre las políticas que vaya emitir el Estado y las estrategias de empresas privadas o públicas; sin dejar de lado iniciativas sociales que cierren brechas en las tres dimensiones mencionadas anteriormente.

En el caso boliviano, y en el de la mayoría, por no decir en la totalidad de países latinoamericanos, la polarización política es el primer eslabón en contra de esta propuesta. También, el poco desarrollo de los siete sectores necesarios deja mucho que desear en el avance latinoamericano, las altas tasas de informalidad laboral que asciende a 73,2% (OIT, 2020), sumado al poco desarrollo tecnológico y a la contracción económica boliviana de 7,9% según el FMI, son el encabezado de una lista desalentadora pero realista.

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