Por: Pablo Garcia Quint
El otro día me topé con un artículo titulado “Legalicemos el Contrabando”, en el cual el economista Antonio Saravia explica cómo el comercio informal representa una porción tan grande de la economía, al punto de ser casi indispensable para la vida de muchos de nosotros.
Casi inconscientemente recurrimos a mercados informales para hacer las compras de nuestro día a día. Sin embargo, Saravia identifica de una manera muy acertada que los enfoques para englobar tal fenómeno, fueron y siguen siendo errados. Querer erradicar el contrabando e incorporar el sector informal a la economía formal se hace desde una perspectiva casi ajena a la realidad institucional e impositiva.
Empezar desde un enfoque errado, para entender un fenómeno social como lo es el contrabando, nos da conclusiones erradas que pueden llevar a soluciones que poco hacen para solucionar dicho problema. Claro, con el título “Legalicemos el Contrabando” no se quiere decir textualmente que el contrabando debe ser legal, al menos no en primera instancia, sino que la solución al problema que ataña al país por tanto tiempo se encuentra justamente en el enfoque opuesto al que se le estuvo dando.
Es así que para entender más profundamente el mensaje de Saravia, debemos empezar con la pregunta: ¿Por qué habría que legalizar el contrabando si es algo ilegal? Antes de responder tal pregunta, debemos entender por qué el contrabando se da en primer lugar. En su artículo, Saravia explica de una manera muy sencilla por qué la gente opta por comprar y comerciar productos provenientes del contrabando. “Pues simplemente porque su combinación precio/calidad los hace más atractivos. Comprando productos de contrabando maximizamos nuestro ingreso real”. Esto se relaciona con la naturalidad con la que incorporamos el contrabando a las compras de nuestro día a día. Si tenemos la posibilidad de comprar un bien de mejor calidad a un precio menor, lo hacemos, y esto es justamente lo que el contrabando nos ofrece.
Me acuerdo alguna vez que paseaba por la Feria 16 de Julio y vi a un comerciante ambulante vendiendo galletas. Al acercarme, me di cuenta que eran las famosas galletas “Frac” e incluso habían sabores que no eran muy comunes en el centro de la metrópolis paceña. Con solo tres bolivianos disponibles, pregunté a cuánto las estaba vendiendo y el comerciante me dijo, “2 en 5, una en 3 Bs.”. Saqué 10 Bs y me compre 4 galletas de sabores completamente extravagantes. Con el mismo dinero, hubiera podido comprar solo 2 galletas en un supermercado donde me daban factura como el Ketal. ¿Qué opción hubieran elegido ustedes?
Entonces, al ser una mejor opción para el consumidor, lo tendría que ser también para el productor o comerciante, de otra forma no incurriría en tal intercambio. El profesor Saravia, en su artículo, nos explica algunos de los desincentivos que existen para comerciar por el sector formal.
Para poder importar y comercializar legalmente un producto de afuera, una empresa debe pagar el arancel (10%), las tasas o fees aduaneros (5%) (tasas de almacenaje, verificación, despacho etc.), el IVA (14.94%) y el impuesto al consumo específico (esto aplica para autos, bebidas alcohólicas y cigarrillos). En suma, una importación legal debe pagar alrededor de un 30% del precio original en impuestos. Y, claro, una buena parte de ese 30% es transferida al consumidor final. Posteriormente, la empresa importadora deberá pagar el impuesto a las utilidades (25%) y probablemente el impuesto a las transacciones financieras (3%). (Saravia, Brújula Digital).
¿Cómo así se puede pedir mayores controles para erradicar el contrabando sabiendo que una persona en el sector formal está sujeta a tales cargas impositivas? Y es aquí donde el fenómeno está completamente incomprendido, desde el plano económico hasta el plano cultural. La desconexión entre los hacedores de políticas y la realidad en la que vive un comerciante es muy distante.
No resulta nada raro, solo viendo el tema impositivo, por qué los comerciantes optan por el camino del contrabando. Pero así como el contrabando ayuda a muchos a conseguir bienes a un menor precio, suena razonable decir que es una competencia “deshonesta” para las empresas bolivianas. Acá Saravia, nos dice lo siguiente: “…en lugar de pedir que se les haga la vida más difícil a los importadores, habría que pedir que se les haga la vida más fácil a los productores nacionales. Esto equipararía la competencia y además beneficiaría tremendamente al consumidor que seguiría maximizando su ingreso real accediendo a precios bajos”. ¿Por qué no sería una solución más bien bajar los aranceles a las importaciones, desregular los controles aduaneros, y al mismo tiempo, dejar a las empresas bolivianas y a la producción nacional operar sin tantas cargas tributarias, burocráticas e institucionales?
La respuesta al problema estuvo en frente de nosotros, pero proponer tal respuesta parece algo completamente alocado porque la solución que se dió siempre estuvo enfocada en incrementar todos los controles y regulaciones hacia el contrabando. Volviendo a la pregunta que nos hicimos antes, ¿Por qué habría que legalizar el contrabando si es algo ilegal? Nuestra respuesta sería porque algo que es ilegal no necesariamente es ilegítimo, y muchas veces algo que es legítimo escapa los confines de lo que se considera legal. Hacer que lo legal se vuelva en lo legítimo es un reflejo de que las políticas propuestas replican como las personas se desarrollan espontáneamente en una sociedad y no cómo estas deberían desarrollarse.
En este sentido, el artículo del profesor Saravia toma mucho más sentido y podemos concordar que la legalización del contrabando es una propuesta que no es para nada alocada.
Suscríbete a la Llama Financiera para más artículos así.
Comments